La investigación clínica en Uruguay

Un asunto pendiente

Resumen

Desde hace algún tiempo se ha instalado en ambientes académicos y políticos nacionales la necesidad de impulsar, decidida y definitivamente, la investigación científica en nuestro país. En efecto, el gobierno electo hace menos de un año se ha comprometido a destinar, al final del quinquenio 2016-2020, el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) a la investigación científica y el 6% a la educación pública. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado que se invierta el 2% del Presupuesto en salud en investigación y desarrollo en el área(¹)
Justificar la inversión en investigación científica en pleno siglo XXI es casi como justificar la necesidad de la educación superior o, por qué no, la necesidad de acceder –de una vez por todas– a la independencia cultural de nuestro país. Algo que no debería sorprender, en tanto durante muchos años el país le destinó un porcentaje menor del PIB a la educación pública, comparable a países con muy escaso desarrollo económico, cultural y científico. Recién en los últimos diez años esta realidad ha comenzado a revertirse para llegar a cifras razonables aunque indiscutiblemente –y necesariamente– mejorables.
Diversas circunstancias parecen confluir en reconocer la importancia de la inversión en educación superior y en investigación científica. Sin embargo, lo relativo a la investigación clínica aún está escasamente tenido en cuenta, cuando no –lisa y llanamente– ignorado.